Ponce y su MEGAPUERTO

El consumidor puertorriqueño ha comenzado el siglo 21 abatido por aumentos en el costo de vida: las alzas en las tarifas de electricidad y agua, el alza en los precios de la gasolina, los aumentos en las tarifas de peajes y el pasaje en los autobuses, un impuesto al consumidor [ IVU ], el aumento en los sellos de correo, etc. Estos aumentos responden a circunstancias internacionales (el alza en el petróleo), a la pobre administración pública hecha en años recientes por los partidos políticos y al status político imperante desde 1898. 


Uno de los efectos más desastrosos que ha tenido el status político sobre el consumidor puertorriqueño lo es el alto costo de la transportación marítima. En un estudio realizado para la Cámara de Representantes, el doctor en Economía José Antonio Herrero estima que Puerto Rico está pagando cerca de $500 millones anuales de sobrecargo por la transportación de mercadería entre Puerto Rico y los Estados Unidos (basado en precios constantes del 2000). Debido a que Puerto Rico es una isla, toda la mercancía entra y sale del país por la vía marítima. 


Las leyes de cabotaje de los Estados Unidos limitan el tráfico de barcos entre puntos de esta nación, incluyendo sus territorios y posesiones, a barcos construidos y registrados en los Estados Unidos. Esta legislación es aplicada a Puerto Rico desde 1900, cuando el Congreso aprobó la primera ley orgánica (Ley Foraker) y dispuso que el cabotaje entre Puerto Rico y Estados Unidos sería “regulado de conformidad con las disposiciones de ley aplicables a dicho comercio marítimo entre cualesquiera dos grandes distritos costeros de los Estados Unidos”. Al aprobarse la segunda ley orgánica (Ley Jones) en 1917, las leyes de cabotaje continuaron en efecto y su vigor prevalece hasta el presente. 


Las leyes de cabotaje nos obligan a utilizar exclusivamente la marina mercante norteamericana, la cual es la más cara e ineficiente del mundo (hace muchos años que no construye un solo barco). Esta imposición es una aberración en la época actual, cuando predomina el libre comercio y la globalización. 


Los consumidores puertorriqueños estamos pagando innecesariamente más caro por los productos adquiridos en Puerto Rico. Se estima que si las leyes de cabotaje no nos aplicaran, los costos de transportación de las mercancías y materias primas que importamos bajarían hasta un 40%. Además, representaría una reducción de cerca de $150 millones anuales en los costos de transportación de nuestras exportaciones, lo cual mejoraría la posición competitiva de nuestros productos en el comercio internacional. Los resultados tendrían un efecto multiplicador en la economía de Puerto Rico. 


En el 1931, la Brookings Institution, en su estudio titulado “Porto Rico and its Problems”, señaló: “American coastwise shipping laws are a handicap to Porto Rican trade... It increases the cost of Porto Rican goods... requirement that American ships shall be used tends to offset somewhat the advantage which the tariff gives to Porto Rico in selling in American markets… if Porto Rico were free to use foreign shipping whenever it found an advantage in so doing, it is quite probable that it would be able to build up a larger trade with foreign countries than it now has”. 


Es irónico el hecho de que Puerto Rico genera una cuarta parte de los ingresos de la obsoleta marina mercante de los Estados Unidos. El consumidor puertorriqueño subsidia la metrópoli. La Brookings Institution dice en su informe de 1931: “it is distinctly unfortunate that so large a share of the cost of carrying out such a policy is placed upon the shoulders of Porto Rican consumers, whose purchasing power is far below the American standard”. 


Las leyes de cabotaje no son aplicables por igual en todos los territorios norteamericanos. Por ejemplo, las islas Marianas del Norte y Samoa Americana están eximidas de acatarlas, y en 1936 se eximió a las Islas Vírgenes de lo mismo. 


Puerto Rico no tiene que cambiar el status político para ser eximido de las leyes de cabotaje. En 1994, el representante del PIP, David Noriega, presentó una resolución para solicitar al Congreso de los Estados Unidos que excluyera a Puerto Rico de la aplicación de estas leyes. La resolución fue presentada en conjunto con los representantes Aníbal Acevedo Vilá (PPD) y Antonio Silva Delgado (PNP), y aprobada por unanimidad entre 1995 y 1996. Posteriormente, el Senado la aprobó por unanimidad también. Es revelador que esta resolución recibiera la aprobación de una legislatura controlada por el PNP, y liderada por Roberto Rexach Benítez y Zaida Hernández en los respectivos cuerpos de Senado y Cámara. Aunque la resolución contó, incluso, con el respaldo de organizaciones de comerciantes y banqueros, desgraciadamente no progresó en el Congreso debido a la oposición que recibió de algunos sindicatos y el Partido Demócrata. 


El Megapuerto representa una de las más formidables oportunidades de desarrollo en Puerto Rico. Sin embargo, mientras las leyes de cabotaje tengan aplicación en Puerto Rico, su desarrollo estará dramáticamente limitado, así como imposibilitado de competir con otros megapuertos que pueden maximizar las oportunidades que les brinda el libre comercio. El Megapuerto puede muy bien terminar natimuerto debido a la aplicación de estas leyes. 


La situación se complica en la medida en que el NAFTA (North American Free Trade Agreement) se extiende al CAFTA (Central American Free Trade Agreement). Los países latinoamericanos tienen ahora el mismo acceso que Puerto Rico al mercado de los Estados Unidos, pero sin la limitación de tener que utilizar la marina mercante más cara e ineficiente del mundo. 


En un momento en que el Gobierno central y la Legislatura están buscando alivios para el consumidor, y el Congreso está controlado por el Partido Republicano, propulsor del libre comercio, es oportuno revaluar la colocación de los recursos de cabildeo para eximir a Puerto Rico de las injustas leyes de cabotaje. Lograrlo conseguiría alivios para los consumidores y maximizaría el potencial económico del Megapuerto.

Washington Planea Eliminar los billetes de $ 1

Washington ha llegado a un caso de fiebre fiscal como la administración de Obama propone desde congela el gasto en programas nacionales para la venta de bienes del Estado no utilizada para que el presupuesto de nuevo en línea. Ahora, un estudio sostiene que el gobierno puede ahorrar miles de millones de dólares sólo por hacer un cambio en la propia moneda. A principios de este mes, los EE.UU. Oficina de Responsabilidad Gubernamental presentó una propuesta formal a la Reserva del Tesoro y la Federal señaló que si se elimina el billete de $ 1 y la reemplazó con la moneda de $ 1, el país podría ahorrar aproximadamente 5,5 mil millones dólares durante los próximos 30 años. La razón, según el informe de la agencia, es que losbilletes tienen una vida útil más corta que las monedas de dólar porque llevan mucho más rápido, que a su vez obliga al gobierno a gastar más para imprimir nuevos billetes.

La GAO estima que la eliminación gradual de los billetes de dólar a favor de las monedas que requieren un período de transición de cuatro años, durante el cual el gobierno invierte en la nueva moneda, pero después de eso, el gobierno espera ahorrar $ 522 millones cada año por el cambio.

Por desgracia, como las notas de la GAO, hay un problema con el plan: Cuando se le presente una elección entre las monedas de dólar y billetes de dólar, los estadounidenses eligen siempre las cuentas.

"La GAO ha señalado en informes anteriores que los esfuerzos para aumentar la circulación y la aceptación pública de la moneda de $ 1 no han tenido éxito, en parte, porque el billete de 1 dólar se ha mantenido en circulación", escribió la agencia en su informe. Así que si alguna vez va a hacer el cambio a monedas de dólar, como en otros países como Canadá han hecho, la GAO sugiere que la única manera de hacerlo es eliminar los billetes de dólar de la circulación por completo.

Antes de iniciar el acaparamiento de billetes de dólar, sin embargo, tener en cuenta que la GAO ha hecho propuestas similares en cuatro ocasiones durante las últimas dos décadas, y, obviamente, los billetes de dólar todavía están en circulación. La única diferencia esta vez es que el clima general en Washington es más orientado a recortes en el presupuesto ahora, pero dado que senecesitarían varios años para que los ahorros en arrancar, esto parece poco probable también.

Sin embargo, nos gustaría plantear la pregunta a los lectores. ¿Estaría usted dispuesto a eliminar los billetes de dólar y pasar a las monedas de si eso significaba la mejora de la hoja del país de la balanza?